Más de la mitad de los menores de edad que cometieron delitos en el 2022 en la ciudad de Buenos Aires tenían entre 16 y 17 años, mientras que nueve de cada diez imputados son varones, según indicó un informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

El relevamiento, que contempla investigaciones sucedidas entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022 en la Justicia Nacional con asiento en la ciudad de Buenos Aires, destacó que los 1643 delitos registrados por menores evidenciaron un aumento del 17 por ciento en relación al 2021.

El desglose de casos

Por otro lado, la CSJN indicó que el 82 por ciento de las causas iniciadas en 2022 contra niños, niñas y adolescentes corresponden a delitos contra la propiedad, de los cuales fueron en su mayoría robos o hurtos.

En cuanto a los delitos más graves registrados, el informe precisó que hubo un total de 28 causas iniciadas contra menores por delitos contra las personas -es decir investigaciones por lesiones, homicidios o abuso de armas-, lo que representa un descenso a prácticamente la mitad con respecto al año 2021, donde se registraron 53 episodios.

Otros datos que agregó la base de datos fueron que el 90 por ciento (1485 casos) de los imputados fueron varones, que el 56 por ciento de los procesados tenían 16 o 17 años (903 casos) y que el 94 por ciento era de nacionalidad argentina.

Según la CSJN, durante el 2022 un total de 425 niños, niñas y adolescentes tuvieron su primer ingreso en la Justicia Nacional de Menores, lo cual significó un 26 por ciento del total.

Esa situación reflejó un moderado aumento en comparación con el 2021 ya que, en ese informe, los menores que tuvieron su primera causa registrada fueron 338, lo que representó un 24 por ciento del total.

En cuanto al registro de convivencia de los niños, niñas y adolescentes que tuvieron causas penales, se indicó que el 63 por ciento convivía con alguno de sus dos progenitores, el 23 por ciento con ambos, el 10,3 por ciento lo hacía con un familiar, mientras que el 1,5 por ciento se encontraba en situación de calle.

Acerca de su nivel educativo, el relevamiento de la CSJN arrojó que el 47,6 por ciento estaba realizando sus estudios secundarios, el 27 por ciento tenía la secundaria incompleta, mientras que el 9,5 por ciento no había podido finalizar sus estudios primarios.

En cuanto a la cantidad de causas de los imputados, más del 70 por ciento tuvo una sola causa en el período, el 14 por ciento tuvo dos causas y otro 14 por ciento fueron investigados en tres o más causas.

Las detenciones

Por otra parte, a partir de lo mencionado en el informe, se observó que 1313 menores de edad fueron aprehendidos por fuerzas de seguridad con competencia jurisdiccional en la ciudad de Buenos Aires e ingresaron al Centro de Admisión y Derivación «Úrsula Llona de Inchausti» (CAD), dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de la CABA.

Asimismo, 136 de los menores tuvieron al menos una medida de privación de libertad o alojamiento en instituciones, lo que representa un 10 por ciento de aquellos que ingresaron en el CAD y el 8 por ciento del total de niños, niñas y adolescentes con causas judiciales.

Dichos alojamientos tuvieron lugar en los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado (CSRC) «José de San Martín», ubicado en el barrio porteño de Flores (56 por ciento), y en el «Manuel Rocca» (44 por ciento), emplazado en el barrio Monte Castro de la misma ciudad.

En ese sentido, según indicaron desde la CSJN, el promedio de duración de las medidas de privación de libertad en los distintos CSRC fue de 93 días, siendo de 103 días en el instituto «José de San Martín“ y de 78 días en el «Manuel Rocca“, a partir de un total de 65 alojamientos finalizados al 31 de diciembre de 2022.

Por último, las fuentes explicaron que el relevamiento fue resultado del trabajo colaborativo de los operadores de juzgados y tribunales orales de menores, las cuales «permiten elaborar de manera periódica informes estadísticos sobre determinados indicadores, a partir de los cuales los integrantes de la magistratura y funcionarios en los distintos niveles estamentales pueden analizar la problemática y adoptar decisiones basadas en datos».