En el marco de nuestra Causa Judicial por un #MarArgentinoSinPetróleo, presentamos un escrito ante la Justicia sobre un documento (que podría tratarse de información interna de la empresa estatal YPF) filtrado recientemente que muestra estrategias de manipulación de la opinión pública y denuncia agresiones públicas planificadas contra los y las ciudadanas que defienden el ambiente. Expresamos nuestra solidaridad con los/as activistas socio-ambientales que sufren amenazas por exponer estos hechos.

Aunque la fuente del documento no fue confirmada, e YPF no dio respuesta a esta acusación, se han detectado numerosas comunicaciones públicas que respetarían los lineamientos detallados en el documento.

A pesar del constante rechazo de la población, el estado argentino y las empresas petroleras pretenden avanzar con el desarrollo de la industria offshore de hidrocarburos en el Mar Argentino. Estos proyectos no benefician a nadie más que a las corporaciones involucradas y sólo traen destrucción a lo que nos brinda vida, alimento, trabajo, salud y biodiversidad.  Sin embargo, la empresa petrolera estatal YPF usaría fondos públicos para estigmatizar y dejar a activistas ambientales vulnerables a ataques.

En este contexto, la participación ciudadana es clave y está amparada en el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional ratificado por Argentina en 2021, de carácter constitucional.  Por tal razón, la filtración de un documento que podría tratarse de información interna de  YPF aporta mayor información a la Causa Judicial sobre el #MarArgentino y tiene entidad suficiente para afectar el interés general de toda la sociedad.  

Consideramos que este documento persigue un objetivo peligroso para las libres manifestaciones ciudadanas: desinformar (o mal informar)  y ridiculizar los reclamos efectuados por quienes defienden el derecho a un ambiente sano. Lo cual pone en peligro a los defensores/as ambientales, y la ciudadanía en general, al generar maniobras que los dejan en situación de vulnerabilidad. 

Es por ello que las organizaciones ambientales y civiles que hace más de un año llevamos adelante una demanda contra la exploración offshore en el Mar Argentino  (Fundación Greenpeace Argentina  Surfrider Argentina, Fundación Patagonia Natural, Kula Earth, Asociación de Surf Argentina, Organización Mar, la Asociación de General Alvarado de Surf (Miramar), Ecos de Mar,  Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentamos un escrito judicial ante el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata donde denunciamos la manipulación de la opinión pública por parte de la industria petrolera nacional.

Esto es fundamental, dado que la opinión pública es susceptible de ser instrumentalizada, restringiendo las instancias de deliberación, limitando la esfera de autonomía de las personas para poder informarse adecuadamente y desarrollar ideas o representaciones acerca de un tema o conflicto.

Un manual para ridiculizar el activismo ambiental

El documento titulado “YPF – Exploración Off Shore con Licencia Social”, demuestra la expuesta manipulación de la opinión pública, que habría sido considerado y/o utilizado YPF durante el proceso administrativo del proyecto “Campaña de adquisición sísmica offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”. 

Se trata de una presentación digital de 18 páginas que comenzó a circular públicamente a partir del día 5 de junio, tanto en medios de comunicación, como en redes sociales y prensa especializada y continúa  replicándose, llegando inclusive a lograr trascendencia internacional.  

YPF utiliza términos como “guerrilla ambiental” para  calificar a quienes defienden el derecho humano a un ambiente sano, “una moda” para desvirtuar el reclamo y convertirla “en un miedo profundo de “quedar en ridículo”, empatándolo con los “reclamos más descabellados”.

También propone promover una “aceptación nacionalista”, “una Argentina que quiere ser potencia aprovechando sus propios recursos”, “antes que vengan otros a llevarse lo que es nuestro”. Todo ello, siendo que YPF funciona en este proyecto como la puerta de entrada de dos empresas petroleras extranjeras.

Mientras tanto el documento invisibiliza el fuerte reclamo contra el avance extractivista de la ciudadanía de a píe (los masivos #Atlanticazos) y las demandas de muchas otras organizaciones ambientales, vecinales y asambleas.

La publicación del documento en cuestión, puso en enorme riesgo a personas que por el solo hecho de difundir dicha información sufrieron graves amenazas a través de redes sociales y otros medios. 

Si bien no se les puede atribuir dichas amenazas al sector petrolero es evidente que la campaña de “ridiculización” y rechazo hacia quienes nos oponemos al proyecto ha habilitado estos ataques a las personas que defienden el medio ambiente.

El acceso a la información, participación pública y transparencia:

Considerando que la información pública y la participación ciudadana son componentes claves y centrales a la hora de evaluar proyectos que impactan el medio ambiente. Si estos componentes se encuentran viciados o manipulados todo el proceso se torna de dudosa legitimidad.  

Engañar a la opinión pública a través de noticias falsas es ilegal y configura un situación de abuso sobre los derechos de acceso a la información pública y participación ciudadana que requiere de datos e información precisa, cierta, veraz, temprana y adecuada,

El documento filtrado  no sólo pretende correr el foco del enorme riesgo de daño ambiental que los proyectos petroleros implican para el ecosistema marino y las comunidades costeras sino también la desvirtuación de la información con la que debe nutrirse la ciudadanía para otorgar una correcta licencia social. Así se ataca las bases mismas del Derecho a la información pública ambiental, consagrada constitucionalmente en el art. 41 de nuestra Carta Magna, la cual tiene que ser veraz, completa y oportuna.

La responsabilidad del Estado

Nuestro reclamo junto a la ciudadanía y organizaciones se dirige al Estado justamente porque es quien tiene la obligación de garantizar un clima estable para la ciudadanía y el cuidado de la biodiversidad. El Estado debe hacerse responsable de las posibles consecuencias ambientales al aprobar industrias peligrosas y extractivistas como la actividad offshore.

Porque nuestra Constitución Nacional en su artículo 41 declara nuestro derecho como ciudadanía a un ambiente sano, y que las actividades productivas no deben comprometer este derecho para las generaciones futuras. Los proyectos  petroleros van en contra de estos derechos y es responsabilidad del Estado Argentino resguardarlo.  

Nuestra vida depende de océanos sanos. Queremos un Mar Argentino sin petróleo.

Frente a la urgencia climática es clave detener el avance de la frontera de hidrocarburos que las políticas públicas estén orientadas a la inversión en energías renovables priorizando la biodiversidad por sobre la exploración offshore y que el derecho a un clima estable sea un derecho humano.

Como organización independiente política y económicamente, que lleva años junto a las comunidades luchando para detener la exploración sísmica en Mar Argentino, reafirmamos más que nunca nuestro compromiso de continuar para detener la exploración petrolera y haciendo frente al lobby empresarial.  Utilizaremos todas las vías administrativas, jurídicas y de participación pública a disposición de la ciudadanía para frenar este ecocidio.

Hacé click aquí para leer el escrito judicial completo

Notas:

• En enero de 2022, las organizaciones firmantes presentaron una acción de amparo y medida cautelar  contra el Estado Argentino, la Secretaría de Energía de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación por la autorización de las operaciones de exploración offshore en el Mar Argentino, para exigir el freno a las actividades offshore y el reconocimiento al derecho a vivir en un ambiente y clima sano, como fundamental para los derechos humanos  y de las generaciones futuras.  La causa ingresó en el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata en febrero 2022.
• En su resolución del 18 de octubre, el Juez Martín, a cargo de la causa, consideró que la declaratoria de impacto ambiental presentada por Equinor y aprobada por el Ministerio de Ambiente no solo no cumplía con los requisitos exigidos por la justicia, sino que explícitamente reconocía un daño a la ballena Franca Austral y el ecosistema marino.
• Sin embargo, dicha resolución fue apelada por la Empresa y el Estado. Y la Cámara de Apelaciones concedió en diciembre de ese año el permiso para hacer exploración sísmica en los bloques 100, 108 y 114 de la cuenca Argentina Norte. En febrero, fue presentada una queja ante la Corte Suprema de Justicia por la sentencia de la cámara.