La directora de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, dialogó este viernes con la agencia Télam sobre el intento de desalojo de las familias que habitan un hotel del barrio porteño de Balvanera por parte de un grupo de particulares y subrayó que «el nivel violencia del episodio que se vio en este caso manifiesta la crisis habitacional de la Ciudad de Buenos Aires».
«La ausencia de una política de acceso a la vivienda en la ciudad es lo que genera situaciones como esta en la que una patota parajudicial se apersona de forma violenta y termina provocando que tengamos que intervenir para averiguar si tienen algún tipo de derecho sobre el inmueble del que buscaban desalojar a sus habitantes», añadió.
La funcionaria enfatizó que «sólo el estado tiene la potestad para ejecutar un desalojo y especialmente en casos como estos en los que hay familias con niños; en un operativo de desalojo debería haber informes sociales preexistentes y la presencia de organismos que preserven derechos de niños, niñas y adolescentes. Nada de eso hubo en este caso que fue lisa y llanamente una maniobra ilegal».
«Lamentablemente muchas veces los distintos niveles del estado interpretan estas situaciones como conflictos entre privados y evitan involucrarse, pero habiendo tantas desigualdades entre familias vulnerabilizadas y un grupo que busca desalojarlos es necesario garantizar los derechos de las primeras; en la ciudad de Buenos Aires ya hay registro de patotas como esta haciendo desalojos extrajudiciales en varios barrios y por eso también estamos trabajando para garantizar la integridad de estas familias», indicó.
La Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia trabaja junto a la abogada de las familias para establecer la titularidad del inmueble y verificar que derechos tiene sobre el mismo quienes buscan dejar a sus habitantes en la calle.
La abogada de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Daniela Salguero, afirmó este viernes en diálogo con Télam que «esta mañana mantuvimos una reunión con la abogada que representa a las familias que viven allí con el objetivo de acompañarlas y que puedan hacer ejercicio de sus derechos; lo que hicimos fue pedir un informe sobre la titularidad del inmueble, que es algo que puede demorar algunos días pero que es vital para saber dónde estamos parados mientras trabajamos con otros organismos para construir un diálogo que pueda resolver el conflicto».
En ese sentido, Salguero subrayó que «quien dice ser el dueño del inmueble este jueves no apareció por el lugar, y quienes intentaron desalojar a las familias no pudieron mostrar ninguna documentación que les reconozca derechos sobre el mismo; hasta que no podamos establecer que tipos de derechos están reclamando es difícil tener una base sobre la cuál dialogar».
«Este viernes la Asesoría Tutelar la Ciudad de Buenos Aires se acercó al hotel para verificar la situación de los menores que viven allí pero después del intento de desalojo las familias no quisieron recibirlos, vamos a coordinar una nueva visita y la idea es que las familias también puedan presentar la semana que viene la denuncia que corresponde por el episodio de violencia del que fueron víctimas», completó.
Unas diez familias que habitan un precario hotel en el barrio porteño de Recoleta que fue clausurado hace más de un año por las autoridades locales se habían atrincherado este jueves en el inmueble tras la decisión de quien dice ser propietario de desalojarlos por la fuerza con «patovicas», situación que convocó la presencia de la Policía y de Bomberos de la Ciudad.
Fuentes policiales afirmaron a Télam que «no hay orden de desalojo» para el inmueble ubicado en la avenida Pueyrredón al 1.300, sino que los efectivos policiales acudieron al lugar tras un llamado al 911 luego de que uno de los habitantes del lugar comenzara a tirar cosas por la ventana y tras amenazar con arrojarse a la vía pública.
«Personal de la Comisaría Vecinal 2 B de la Policía de la Ciudad y de Bomberos se desplazaron este viernes hasta el hotel familiar, donde una persona amenazaba con arrojarse al vacío al tiempo que lanzaba elementos a los oficiales», indicaron fuentes de esa fuerza.
Además, indicaron que unas 27 personas se encontraban en el interior del inmueble y se negaban a salir del lugar.
El dueño del edificio «venía sacando a los moradores, pero los últimos (habitantes) que quedaron le pusieron un candado a la puerta», añadieron las fuentes.
Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advirtieron que el hotel familiar «tiene una clausura de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) hace un año«.
En el lugar, uno de los habitantes identificado como Alejandro aseguró a la prensa que «el viernes (pasado) vino un matón, patovica y se metió a fumar acá (en el hall) y nos dijo que nos teníamos que ir, entonces decidimos encadenarnos a nuestra casa».
«Logramos que el tipo se vaya, lo sacamos, pero este viernes temprano vinieron otros y dijeron que teníamos diez minutos para salir y llevarnos nuestras cosas o nos iban a sacar a la fuerza. Tengo una mini empresa de cerramiento en balcones, pago impuestos, alquilo, no quiero apropiarme de nada, necesito un lugar donde vivir», apuntó el hombre muy conmocionado.
Fuente: Télam
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