Un proyecto de ley de alquileres para impedir que los inquilinos paguen gastos de gestoría y limitar el porcentaje de honorarios en el primer año de contrato fue presentado en la Legislatura bonaerense con el objetivo de evitar situaciones de vulnerabilidad y desigualdad contractual para el locatario.
«El espíritu de este proyecto está orientado a quitarle presión a los inquilinos en cuanto a gastos que verdaderamente no corresponden que lo asuman los inquilinos», explicó el autor de la iniciativa el senador del Frente de Todos, Fernando Durañona, durante la presentación del proyecto.
El legislador explicó que «hay modelos contractuales que generaran el famoso ´tómalo o déjalo´, esos contratos de adhesión en los que no hay posibilidad alguna que quienes quieren alquilar puedan discutir ni una coma del contrato y se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad».
«El espíritu de este proyecto está orientado a quitarle presión a los inquilinos en cuanto a gastos que verdaderamente no corresponden que lo asuman los inquilinos»”
Durañona explicó que «Argentina es el país con mayor concentración poblacional en núcleos urbanos».
«De los 2.300 municipios que tiene la Argentina el 98 por ciento tiene menos de 100 mil habitantes y solo el 2 por ciento tiene más de 100 mil habitantes, y municipios con más de 500 mil habitantes se reduce a 1 por ciento de la totalidad», precisó.
El senador aseguró que esta iniciativa «tiene que ver con desarraigo, la falta de oportunidades educativas, sanitarias, de saneamiento, condiciones de hábitat y uno de los aspectos centrales entre conectividad y transporte es el acceso justo al hábitat».
«Hemos recuperado una agenda tremenda para los intereses de las familias del interior, que es volver a la construcción de viviendas a través de créditos hipotecarios a tasa cero y desarrollos de emprendimientos inmobiliarios donde el Estado cumple un rol determinante», afirmó.
Sin embargo, sostuvo que «hay un 20 por ciento de familias, y en la provincia de Buenos Aires están fuertemente concentrados, que depende de las políticas y derechos que el Estado pueda garantizar para lograr un alquiler donde los abusos sean dejados de lado a partir de presencia fuerte del Estado y eso busca este proyecto de ley».
Por su parte, Adriana Malek, de la Unión de Consumidores de Argentina, destacó que la iniciativa «pone énfasis en la transparencia de las operaciones y el deber de información por parte de quienes tienen a cargo las operaciones inmobiliarias».
«Se hace indispensable visibilizar los gastos que conlleva para el locatario un contrato de alquiler y mediante este derecho a la información estaríamos neutralizando esta asimetría, evitando situaciones desfavorables» para el inquilino, destacó.
Además, dijo estar «de acuerdo con el tope de comisiones y que se determine qué (gastos) no están a cargo del locatario».
«Se hace indispensable visibilizar los gastos que conlleva para el locatario un contrato de alquiler y mediante este derecho a la información estaríamos neutralizando esta asimetría, evitando situaciones desfavorables»”
«Se ha puesto un límite al porcentaje de honorarios y que se aplique sobre el monto total en el primer año de locación, y se incorpora la eximición de gastos en la etapa previa de la operación, lo que aliviaría en gran parte el monto que debe pagar el inquilino para ingresar a locación», puntualizó Malek.
La propuesta, a la que accedió Télam, expresa en sus fundamentos que los corredores y martilleros profesionales tendrán la obligación «de visibilizar los derechos» de los inquilinos «exhibiéndolos en sus mostradores y/o páginas web».
«Esta iniciativa persigue el objetivo de equiparar derechos en forma justa, para que no haya desigualdad entre las partes y salvaguardar los derechos de un sector de la población», en el que «no se genere vacío interpretativo alguno que perjudique en la práctica y acción a la parte más débil», precisa la iniciativa.
Con respecto a los costos de la gestoría de los contratos de locación, como la solicitud de informe de dominio en el Registro de la Propiedad, las certificaciones de firmas, la averiguación de informes de garantía y cualquier otro gasto relativo a los trámites por locaciones de inmuebles urbanos o rurales no podrán ser requeridos a los locatarios y le corresponderá al locador.
«También se fija que en locaciones con destino urbano y rural se cobrará en concepto de honorarios hasta un 4% a cargo del locador/a, sobre el monto total correspondiente al primer año de contrato», detalla.
«Esta iniciativa persigue el objetivo de equiparar derechos en forma justa, para que no haya desigualdad entre las partes y salvaguardar los derechos de un sector de la población»”
Establece que «prohíbe que en las locaciones de inmuebles con destino urbano o rural en los que el/la locatario/a sea una persona física, se requiera y/o perciba, mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios/as, sublocatarios/as y/o continuadores de la locación».
«En definitiva, esta iniciativa busca acercar una solución al problema habitacional en la Provincia de Buenos Aires con una lógica de arraigo de la comunidad a su lugar de origen, asumiendo que el 50% de los hogares en alquiler del país se concentran entre nel territorio bonaerense y la Capital Federal», establece y agrega que implica «generar un alivio económico a un grupo que enfrenta serias cargas».
Fuente: Télam
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