Un fiscal pidió este viernes que se condene a penas de hasta seis años de prisión a los 11 policías imputados por el encubrimiento del crimen de Blas Correas, el adolescente asesinado de un balazo en la espalda en agosto de 2020 cuando circulaba con amigos en un auto en la ciudad de Córdoba, y consideró que los acusados conformaron una «maquinara tropera» que actuó de manera «despiadada y perversa».
Se trata del fiscal Marcelo Hidalgo, quien finalizó este viernes el extenso alegato que había comenzado el pasado miércoles su colega Fernando López Villagra con el pedido de prisión perpetua para Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (33), los dos policías que dispararon contra el auto en el que se hallaba Correas.
Para los fiscales, Gómez y Alarcón fueron coautores del delito de «homicidio calificado por sus funciones, por empleo de armas de fuego», en perjuicio de Correas, y «homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado» que tuvo como víctimas a los cuatro amigos que se hallaban con Blas en el auto Fiat Argo la madrugada del 6 de agosto de 2020.
El juicio, que este viernes contó con la presencia del Secretario de Derecho Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti, se desarrolla desde fines del año pasado en la Cámara Octava del Crimen de Córdoba y continuará la semana que viene con los alegatos de los abogados querellantes.
En el alegato que concluyó en la tarde de este viernes en el edificio de Tribunales II de la provincia de Córdoba, Hidalgo se refirió al accionar de los integrantes de la fuerza que buscaron encubrir el crimen, por ejemplo plantando un arma en el auto de los jóvenes, que tenían entre 17 y 18 años en el momento del hecho.
«Se utilizaron maquinaciones despiadadas y perversas, métodos de la dictadura», dijo el fiscal en un tramo de su alegato.
Tras dar el detalle de lo que realizó cada agente en ese raid, Hidalgo pidió para Wanda Esquivel cinco años de cárcel, por ser la acusada de ‘plantar’ el arma y así adjudicarla a Blas y los amigos con el fin de hacer creer que se había tratado de un enfrentamiento.
En el alegato, en base a las pruebas que se recabaron en la instrucción, Hidalgo dio cuenta de mensajes de audio en el que se pedía a Esquivel que realizara esa acción.
A todo el operativo que realizaron los policías implicados tras la balacera, el fiscal Hidalgo la llamó «maquinaria tropera».
Pidió además cinco años y nueve meses de prisión para la oficial ayudante Yamila Martínez, la compañera de patrullero de Gómez (sindicado como el autor del disparo mortal), que participó del supuesto rastrillaje en el que secuestraron el revólver.
También solicitó seis años de prisión para Walter Soria, Jorge Galleguillo, Sergio González y Juan Antonio Gatica; mientras que pidió cinco años y nueve meses para Enzo Quiroga; cinco para Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Toloza y Ezequiel Agustín Vélez; y cinco años y cuatro meses para Leandro Alexis Quevedo.
A la vez que pidió para los 11 imputados la inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier función pública.
Coincidente con el alegato de Hidalgo, días atrás el fiscal López Villagra había resumido el accionar de Gómez y Alarcón, quienes dispararon al vehículo en el que se conducían los chicos, mientras estaban apostados en un control en el sur de la ciudad de Córdoba.
«La balacera de los dos uniformados no fue para frenarlos sino para matarlos», dijo con firmeza el fiscal López Villagra antes de pedir la prisión perpetua para los dos principales acusados.
Pietragalla Corti concurrió al juicio y repudió la violencia institucional
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se lamentó porque existan casos de «violencia institucional» que nunca llegan a ser juzgados debido al «encubrimiento» entre miembros de fuerzas de seguridad, y consideró que es «una buena señal» el juicio que se realiza en la ciudad de Córdoba a 13 policías por el crimen de Blas Correas.
“Hay que celebrar que estemos en un juicio, hay muchos casos de violencia institucional que lamentablemente no llegan a esta instancia, porque casi siempre el encubrimiento hace que muchos de estos casos no lleguen a buen puerto y muchas familias no tienen justicia”, siguió Pietragalla en diálogo con medios locales.
Sobre el caso del asesinato de Correas, cuyo juicio este viernes proseguía con el alegato del fiscal Marcelo Hidalgo, resaltó: “Este es un juicio para, primero, tratar de aliviar el dolor que tiene la familia por la ausencia de Blas, pero también para poder demostrar a la población de Córdoba que hay encubrimiento cada vez que hay casos de violencia institucional”.
“Celebramos el juicio y el rol de la fiscalía que está demostrando el encubrimiento que hubo a partir de varios miembros de la fuerza policial, para llevar esto a un intento de enfrentamiento y amenazas al cuerpo policial”, reiteró.
De esta manera se refirió a los hechos posteriores al momento en que los policías Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (33) dispararon desde atrás al auto en el que viajaba Correas junto a cuatro amigos, y uno de los balazos dio en la espalda del joven, que murió minutos más tarde.
Tras quedar herido y montarse una persecución al Fiat Argo en el que viajaban, se sucedieron una serie de hechos que investiga la Justicia, entre los cuales intentaron ‘plantarles’ un arma a los jóvenes, para simular un enfrentamiento con los efectivos.
“Sabemos que esto también sucede, la colocación de armas en algún episodio donde un miembro de la fuerza se manda alguna ilegalidad es vox populi, tiene hasta apodo esa arma (en la jerga policial se la denomina ‘perro’)”, lamentó el secretario de DDHH.
Además, el fiscal agregó: “Seis veces gatillaron, cinco dieron en el blanco. No hace falta que para ser masacre haya 20 víctimas. No tenemos ninguna duda que esto se debe encuadrar en un contexto de violencia institucional”.
El próximo viernes está previsto el momento de la palabra de los tres abogados querellantes, mientras que el 8, 10, 15 y 17 de marzo será el turno de los abogados defensores.
En tanto que se espera que a fines de marzo se dicte el veredicto, dijeron las fuentes judiciales.
Por su parte, el abogado que representa a la familia de Correas, Alejandro Pérez Moreno, anticipó que en su alegato “es el momento en donde se le podrá demostrar al jurado popular la certeza para la condena de estas 13 personas, compartiendo la perpetua para los dos principales imputados, y también para los otros 11 imputados».
Asimismo, advirtió: «Vamos a requerir que se investiguen al menos 15 policías más».
A la vez que pidió que «dentro de la misma sentencia» se visibilicen «las falencias en la selección, formación y juzgamiento de la Policía de Córdoba».
Fuente: Télam
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