Un fiscal de San Nicolás pidió que sea sometido a juicio un policía bonaerense acusado de atropellar y matar con un patrullero a dos hombres que circulaban en una moto el 1 de junio del año pasado, luego de una persecución ocurrida en esa ciudad en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por el coronavirus, informaron fuentes judiciales.
En tanto, familiares de las víctimas reclamaron «justicia» y «cárcel para el asesino», en referencia al policía acusado, Pablo Moresco (24), mientras desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que representa a las familias de los fallecidos, resaltaron la necesidad de «inscribir el hecho como un caso de violencia estatal y uso letal de la fuerza».
«Lo que le pasó a mi hijo no fue que tuvo un accidente, se cayó y no se habló más del tema. Lo que le pasó fue una masacre. De esto se va a hablar toda la vida«, expresó Sandra Corbalán, madre de Ezequiel Corbalán, uno de los jóvenes atropellados.
«Lo que le pasó a mi hijo no fue que tuvo un accidente, se cayó y no se habló más del tema. Lo que le pasó fue una masacre. De esto se va a hablar toda la vida»”
Sandra Corbalán
En el requerimiento de elevación de la causa a juicio -al que tuvo acceso Télam-, el fiscal Darío Giagnorio, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de San Nicolás, le solicitó al juez de Garantías 1 del mismo distrito, Román Parodi, que el policía acusado sea juzgado por el «homicidio con dolo eventual» de Corbalán (30) y Ulises Rial (25).
En su escrito, el fiscal dejó asentado que «en la intersección de las calles Carbajo y Piaggio de la ciudad de San Nicolás (…) el oficial de policía Pablo Moresco, al mando de un móvil de la fuerza policial, dio muerte a Ulises Rial y a Ezequiel Corbalán interponiéndose sorpresivamente a sabiendas de que las balizas del móvil no funcionaban».
Para el funcionario judicial, el policía Moresco, que actualmente se encuentra en libertad, cruzó su móvil de carril «sin darle importancia al daño que su accionar policial podía causar en la integridad física de los ocupantes del rodado de menor porte», por lo que «violó su deber de actuar conforme al principio de racionalidad que debe primar en su accionar».
Además, a partir de declaraciones de testigos, la fiscalía logró determinar que el patrullero iba a unos 20 kilómetros por hora cuando se cruzó de carril y que «el móvil se encontraba sin la sirena» y «con las balizas apagadas» al momento de la persecución y el posterior impacto.
El hecho se registró alrededor de las 3 de la madrugada del lunes 1 de junio de 2020, cuando Corbalán y Rial iban a bordo de una moto Corven 150 cilindradas y efectivos que se desplazaban en un patrullero quisieron identificarlos, ya que estaban violando el ASPO decretado por el Gobierno nacional.
Sin embargo, Corbalán aceleró rápidamente y los agentes policiales de la zona dieron inicio a un operativo cerrojo tras irradiar un alerta, aunque la persecución solo duró algunas cuadras, hasta las calles Carbajo y Piaggio del barrio San Martín, de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires.
Allí, el patrullero manejado por Moresco chocó de frente a la moto en la parte izquierda y ambos tripulantes, que no tenían el casco puesto, cayeron contra el asfalto.
Rial murió casi en el acto como consecuencia de las lesiones sufridas y Corbalán quedó internado en grave estado en un hospital local hasta el viernes 5 de junio, cuando falleció.
Luego de muchos intentos por comunicarse personalmente con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, la semana pasada las madres de las víctimas fueron convocadas para una reunión en las oficinas de Puente 12, en La Matanza, y recibidas por el secretario del ministro, Carlos Montagna, y el jefe de la Policía Bonaerense, Daniel García, según contó Corbalán a Télam.
«El jefe de la policía me dijo que solamente les tendrían que haber sacado la moto. No pasarlos por arriba», dijo la madre de la víctima sobre el encuentro, durante el cual junto a Verónica Rial, mamá de Ulises, reclamaron la exoneración de la fuerza del policía Moresco, y también de quien lo acompañaba en el patrullero aquella madrugada, Osvaldo Bazán, que no fue imputado en la causa.
«El jefe de la policía me dijo que solamente les tendrían que haber sacado la moto. No pasarlos por arriba»”
Sandra Corbalán
A su vez, las familias pidieron la imputación de Bazán, de quien se pudo extraer durante las pericias telefónicas un mensaje que le envió durante la noche de los hechos a su compañero Moresco en el que lo tranquilizaba diciéndole que harían pasar el hecho como «un accidente» y «nadie iría preso».
Ese mensaje se suma a algunos testimonios de vecinos del barrio que denunciaron que «los policías movieron los cuerpos, modificaron la configuración de la escena y ordenaron a los vecinos a ingresar a sus viviendas», dijo Corbalán.
«De parte del ministro tenemos apoyo. Continuamente nos llaman para comentarnos los avances en la investigación. Tenemos fe», comentó la madre de Ezequiel.
En la causa, ambas mujeres son representadas por la CPM, que considera necesario «inscribir el hecho como un caso de violencia estatal y uso letal de la fuerza».
«Colocamos un énfasis sobre estos casos durante la pandemia, ya que detectamos que esa violencia estatal recrudeció», explicó a Télam Margarita Jarque, abogada de la CPM, quien también remarcó que una de las características de este caso es «el abuso de las facultades de la policía» que derivaron en «el asesinato de dos jóvenes que simplemente se encontraban transitando».
«Lo que marca este hecho es el uso del patrullero como un arma letal. No es el único caso, ya que hubo otros dos hechos en la localidad de Saladillo, por lo que nos pareció muy significativo visibilizar el caso», agregó la letrada de la CPM que representa a las familias Corbalán y Rial junto al abogado Gabriel Ganon.
En cuanto a las expectativas sobre un futuro juicio oral, desde el organismo se espera que «pueda obtenerse una condena» para el acusado.
«Entendemos que las condenas tienen que ver con las reparaciones a la familia y con un mensaje a la sociedad. Si estos hechos quedan impunes seguramente no van a ser visibilizados ni van a poder impactar en los cambios necesarios de las fuerzas de seguridad», concluyó Jarque.
Sobre la intervención de la CPM en el caso, la madre de Ezequiel remarcó que si no hubiese sido por el organismo «la causa habría sido tapada e invisibilizada».
Fuente: Télam
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