A 17 años del incendio del taller textil del barrio porteño de Caballito donde murieron 6 de las 64 personas que allí vivían y trabajaban en condiciones de explotación, los sobrevivientes y familiares de las víctimas renovaron su reclamo de que el lugar sea expropiado como centro de memoria al igual de lo ocurrido el año pasado con el inmueble de la tragedia de Cromañón.
De hecho, la “expropiación y patrimonialización” será el principal pedido del “Festival de Resistencia” que se realizará este jueves a partir de las 12 en el lugar donde perdieron la vida una mujer de 25 años embarazada y cinco niños de entre 3 y 15 años el 30 de marzo de 2006, todos de nacionalidad boliviana. Habrá música en vivo, micrófono abierto, feria y serigrafía hasta las 20.
“Queremos que estas muertes no queden en el olvido, invisibilizadas producto del racismo. Nosotros fuimos migrantes que vinimos a la Argentina en busca un trabajo digno; nos obligó la necesidad y acá nos encontramos con mucha discriminación por ser quechuas o aymaras”, dijo a Télam Lourdes Hidalgo (56), sobreviviente del incendio.
Para Hidalgo, “es muy importante que el lugar sea un espacio de memoria” que sirva como recordatorio de lo que pasó y un homenaje a las víctimas, pero también como un lugar de “contención” y “asesoramiento” para trabajadores migrantes empobrecidos en situación de explotación o en riesgo de serlo.
“No quiero que a nuestros hijos o nietos les pase como a mí, que cuando ocurrió el incendio no sabía qué hacer, a dónde recurrir. Yo ya soy una persona grande pero quiero que ellos tengan un lugar donde contenerse, donde ayudarse. Y también que se mantenga viva la memoria de nuestros hermanos que perdieron la vida cociendo ropa para Argentina”, dijo.
“Las malas condiciones del lugar era muy notorias y las veían los policías cuando venían a pedir jeans de los que nosotros cocíamos. Todos sabían lo que estaba pasando, policía, los dueños, los funcionarios del Estado y si alguien hubiera hecho algo, estas muertes se hubieran evitado”.Lourdes Hidalgo
Y aunque diferentes proyectos en ese sentido fueron perdiendo estado parlamentario en la Legislatura, la sanción de la ley 27.695 que en octubre pasado declaró «de utilidad pública y sujeto a expropiación» el inmueble donde funcionó el boliche ‘República Cromañón’, cayó muy bien entre los familiares que consideran que esta norma sancionada por el Congreso “abrió una puerta para que Nación expropie” y presentarán el proyecto en el Parlamento.
Señalética de la memoria
En 2021 el inmueble de Viale fue señalizado con una placa votada por la Legislatura con motivo de los 10 años del incendio, que fue vandalizada y está pendiente de reposición.
“Aquí funcionó un taller textil clandestino. A 10 años de su trágico incendio en el que fallecieron: Juana (25), Harry (3), Luis (4), Rodrigo (4) , Elías (10) y Wilfredo (15). No olvidaremos”, decía la baldosa de mármol destruida y sustituida por improvisados pintadas.
Incendio y tragedia
Eran las 5 de la tarde aquel fatídico día de 2006, cuando un desperfecto eléctrico inició el fuego en el primer piso donde estaban las “habitaciones” de los trabajadores y sus familias, camas separadas entre sí por cortinas de tela, nylon y cartón.
El lugar estaba habilitado desde 2001 como taller de bordado con 5 máquinas, pero al momento de la tragedia eran 30 las máquinas cociendo sin parar pantalones de jeans, en jornadas de trabajo de entre 14 y 18 horas.
Las 64 personas que allí vivían -25 de ellos niños- se tenían que arreglar con un solo baño sin agua caliente, ni heladera, ni un espacio para comer, sin ventilación ni libertad para salir cuando querían y con sueldos que se cobraban con un atraso de entre tres y seis meses.
“Yo había empezado a trabajar en Viale tres meses antes del incendio porque necesitaba ahorrar para regresarme a mi país. Ahí se trabajaba muchas horas y en pésimas condiciones. Cuando se cumplió el primer mes, pedí mi paga y me dijeron que pagaban cada 3 meses, así que ya no pude pagar la pieza que alquilaba y tuve que aceptar el ofrecimiento de vivir ahí mismo; era la estrategia que tenían para retener los trabajadores”, contó.
En 2016, el encargado Juan Manuel Correa y el capataz Luis Sillerico fueron condenados por el Tribunal Oral Criminal N° 5 a 13 años de prisión por “reducción a la servidumbre”; mientras que el Juzgado Criminal y correccional N° 27 absolvió en 2019 del delito de “reducción a la servidumbre en concurso con estrago doloso” a los dueños del inmueble y la marca de jean, Daniel Alberto Fishberg y Jaime Geiler, a quienes les fueron devueltas las llaves del lugar.
Actualmente, no quedan personas presas por estos hechos y como Geiler falleció sus bienes están en proceso sucesorio.
“Las malas condiciones del lugar era muy notorias y las veían los policías cuando venían a pedir jeans de los que nosotros cocíamos. Todos sabían lo que estaba pasando, policía, los dueños, los funcionarios del Estado y si alguien hubiera hecho algo, estas muertes se hubieran evitado”, dijo.
De hecho, en 2015 en un taller textil de la calle Páez del barrio de Flores murieron dos niños de 10 y 5 años; y en 2018 en otro del barrio de Mataderos murió una niña de 11, en ambos casos por incendios.
Fuente: Télam
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