El máximo tribunal declaró su competencia originaria en el amparo colectivo realizado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace Argentina y requirió al Estado Nacional; a la Administración de Parques Nacionales y a la Provincia de Jujuy que informen en 30 días sobre esta situación.

El mismo se realizó con el objeto de que “se declaren inconstitucionales y nulos  la resolución del directorio de la APN que aprobó el Convenio de Regularización “Parque Nacional Calilegua” celebrado por esa administración y la Provincia de Jujuy el 24 de octubre de 2018, refrendado por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que dispone “sin un plazo cierto y determinado, la creación por parte de la Nación de una condición suspensiva de dominio y jurisdicción concediendo el uso y goce de una cierta área del parque mencionado a la provincia;

(b) el Convenio de Regularización “Parque Nacional Calilegua”;

(c) en particular la disposición por la que “la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, informó a la Provincia que no se hará cargo de los gastos que la remediación demande”; y

(d) “la disposición del Acuerdo en virtud del cual el Estado Nacional renuncia a interponer acciones de reparación ambiental a favor de la provincia de Jujuy quien se la reserva para sí, pero sin obligarse a realizarlas en un plazo determinado”.

Las organizaciones ecologistas piden que se prohíba a los demandados disminuir de manera permanente o transitoria la protección ambiental actualmente vigente de todo o parte del territorio del Parque Nacional Calilegua.

Durante el año 2020 en la provincia de Jujuy se evidenciaron graves incendios que afectaron al PN Calilegua, específicamente en la zona del yacimiento Caimancito. El monitoreo de la deforestación en el Norte de Argentina del año 2020 que realiza Greenpeace reveló que en Jujuy se vieron afectadas más de 30.000 hectáreas de bosques, principalmente por incendios.

Celebramos que la Corte Suprema se involucre en la situación de ilegalidad del petróleo dentro del Parque Nacional Calilegua. Esperamos se priorice la finalidad por la que fue creado, anteponiendo el bien común y no el interés particular de las empresas y los funcionarios que permitieron la desafectación de esas 1.000 hectáreas de Selva de Yungas.

El petróleo debe salir del Parque y no el Parque ceder a la explotación.
#DestruirBosquesEsUnCrimen