El respeto institucional al ejercicio de la protesta pacífica es fundamental en cualquier democracia. Garantizar seguridad y garantías constitucionales es responsabilidad del Estado.
La libertad de expresión no se limita a ideas mayoritarias o favorables al gobierno, sino también a aquellas que puedan perturbar o sean contrarias a las políticas estatales. Manifestarse en contra de opiniones políticas no debería implicar riesgo para la libertad personal.
Las manifestaciones públicas son herramientas para visibilizar reclamos e interpelar a las autoridades. Cuando se amenaza, reprime o deslegitima la libertad, la calidad de la democracia se ve afectada en su práctica diaria.
Manifestamos nuestro apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo el derecho específico de autodeterminación, libertad, paz y seguridad, como individuos y colectivamente como pueblos distintos, y al consentimiento libre, previo e informado para las decisiones que los afectarán, inclusive sobre cualquier proyecto en sus territorios tradicionales, y particularmente en relación con la exploración, el desarrollo, la utilización o explotación de minerales, maderas, peces, agua o de otros recursos.
Los pueblos indígenas no deben ser desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios tradicionales.
Fuente: Greenpeace
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