La relación entre el medio ambiente y los derechos humanos «es imposible de soslayar», aseguraron este jueves autoridades internacionales y activistas socioambientales de América Latina y el Caribe, durante la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2) del Acuerdo de Escazú, que se lleva a cabo hasta este viernes en Buenos Aires.
Durante la charla «¿Qué es el derecho a un ambiente sano?», los diplomáticos y activistas de la región llamaron a profundizar la perspectiva de derechos al tratar los temas medioambientales, y a reforzar el cumplimiento de las leyes sobre el ambiente sano en los distintos países.
«Todas las personas tienen el derecho fundamental al medio ambiente sano, que deje llevar una vida digna y de calidad. Este proceso está vigente y no se detiene», afirmó Claudio Tomasi, representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina.
El funcionario comentó que actualmente son 156 los países que reconocen legalmente este derecho de los 192 que pertenecen a Naciones Unidas.
En tanto, Andrea Brusco, coordinadora regional del subprograma de gobernanza Ambiental de la Oficina Regional del Programa de la ONU para el Medioambiente, reconoció que «las personas tienen que estar en el centro de las preocupaciones ambientales».
«La evidencia científica es contundente en cómo las personas en situaciones de vulnerabilidad sufren de manera directa las crisis y se encuentran en menor capacidad de resistir y tienen menor resiliencia. Hay una profunda injusticia», aclaró.
En julio de 2022, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que reconoce el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal.
«La comunidad internacional reconoció que el ambiente sano impacta en el goce de los derechos humanos, por eso debía constituirse en un derecho humano autónomo», valoró Brusco.
Y María Eugenia Di Paola, coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD en la Argentina, opinó que para ser efectivo el derecho al ambiente sano tienen un «rol clave» los tribunales de justicia.
«La gente que está en los territorios son los principales perjudicados por no cumplir este derecho, sobre todo mujeres, indígenas o personas con discapacidad. Los estados, en sus tres poderes, deben bregar por derecho al ambiente», sostuvo.
En la charla se presentó una nota informativa elaborada por estos organismos internacionales donde se informó que la contaminación del aire provoca aproximadamente siete millones de muertes prematuras cada año y más de 38 millones de personas fueron desplazadas por desastres relacionados con el clima en 2021.
Vanessa Torres, integrante ONG Ambiente y Sociedad, de Colombia, alertó que «hay muchos ciudadanos que no tienen garantizado el aire limpio o el agua potable en nuestra región» y llamó a «pasar a la acción».
«En América latina hemos impulsado el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derecho, pero en la práctica tenemos muchos inconvenientes para aplicar estos fallos que la protegen», se quejó.
En la misma línea se manifestó Joara Marchezini, representante electa del público del Acuerdo de Escazú, oriunda de Brasil, quien aseguró que «las leyes son instrumento de protección ambiental pero el problema está en la implementación».
Ofelia Pastrana Moreno, integrante de Tochan Nuestra Casa A. C, de México, aseguró que «la defensa es colectiva y empieza por nuestro cuerpo».
Fuente: Télam
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