¿Cuál es la relación entre los hábitos culturales y la ilegalidad? ¿Cuáles son los conceptos que imperan en la Triple Frontera y cómo influyen en la construcción colectiva? ¿La investigación científica en el campo de las ciencias sociales puede ser aplicada o transferida en políticas sociales o de seguridad? Y si la respuesas es sí…¿cómo?
Las preguntas ofician de disparador para visualizar una línea de trabajo que lleva 20 años abriéndose camino de la mano de Brígida Renoldi, antropóloga entrerriana que vive en Misiones tras un extenso recorrido académico y laboral.
Renoldi es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), actualmente es directora del Instituto de Estudios Sociales y Humanos (IESyH), creado en 2014 en Posadas bajo un convenio con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), y también es profesora de esa casa de estudios.
Sus investigaciones se enfocan en las instituciones judiciales y fuerzas de seguridad que, en su desempeño, se orientan a la prevención del delito y a la reparación de sus consecuencias. El relevamiento que hizo se concentró en la frontera de Argentina con Paraguay y Brasil.
Durante su formación doctoral y postdoctoral en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brígida participó de investigaciones sobre seguridad pública y criminalidad, que ahora son antecedentes importantes para los relevamientos que realiza desde y en Misiones.
Renoldi, deja por un rato de lado sus funciones de coordinación y las clases en el aula, para abrirse a un diálogo con Télam-Confiar.
¿En qué consiste la línea de investigación y cuál es la delimitación geográfica?
Estoy trabajando en una línea bastante novedosa que viene hace tiempo consolidándose. Empezó como interés sobre los consumos problemáticos de sustancias ilegalizadas. En la medida que avancé en la investigación, me di cuenta de que había varios condicionamientos asociados al consumo.
Mi primer estudio fue en una organización no gubernamental en Buenos Aires. Luego, me trasladé a la frontera, a Posadas, para hacer la Maestría en Antropología Social. Cuando llegué las problemáticas urbanas eran otras y noté que el transporte de cannabis producido en Paraguay concentraba buena parte de las tareas policiales y judiciales en la provincia.
Coincidió también que en ese período,1998 en adelante, el sistema judicial federal estaba enfrentando todos los cambios que produjo la reforma del Código Procesal Penal que incluyó dentro de la Justicia Federal los juicios orales y públicos.
Al profundizar en el tema noté que las decisiones judiciales estaban completamente informadas por un ambiente de fronteras en el que vivían tanto los jueces como las personas que desarrollaban esas actividades ilícitas en la zona.
Percibí que la interpretación de la ley está condicionada por la cultura. Las personas conviven con un montón de particularidades que hacen que la misma ley se aplique con variaciones en un lugar de frontera como éste comparado con otro, como Córdoba, por ejemplo. El mismo delito, la misma ley, en el mismo país, bajo el mismo régimen procesal y bajo los mismos condicionamientos legales, arrojaba sentencias diferentes, y eso es algo que me sorprendió mucho.
Pensaba…¿cómo puede ser que acá, en la frontera con Paraguay, las condenas tengan penas menores que en Córdoba? Fue entonces que empecé a acercarme desde la antropología, una disciplina que busca entender el ser humano.
¿Qué factores influían en las diferencias en la penalidad?
Las penas eran menores en Misiones y los casos eran mayores en carga y frecuencia. Hay una realidad que condiciona en cadena y es que el Estado no provee infraestructura lo suficiente como acompañar el crecimiento general en las fronteras.
Si no tenés un sistema carcelario que pueda abrigar la cantidad de personas que pueden ser condenadas no podés tampoco dinamizar un sistema condenatorio que te haga estallar la infraestructura carcelaria. Me llamó la atención que acá Gendarmería y Prefectura trabajan en el margen del río. Sabemos que Paraguay es uno de los principales productores de cannabis en América Latina y que abastece buena parte del mercado de consumo.
Antes de que la ley N° 27.669 de cannabis medicinal se apruebe, también se producía medicina bajo diferentes terapéuticas, y a veces a partir de los cultivos paraguayos.
Para ingresar y cubrir la demanda de consumo para distintos fines esa mercancía circula e ingresa al país por este margen internacional y a través de determinados puntos de la provincia hasta que alguna intervención incauta X cantidad de marihuana, que circula en camiones, entre otros formatos de transporte.
Esta es nuestra realidad por estar en una provincia en fronteras internacionales. Pero, por ejemplo, Córdoba o Rosario, muestran diferencias en la frecuencia, y en los formatos en los que se encuentran las sustancias.
Hiciste este recorte de campo en las fronteras tanto de Posadas-Encarnación como de la Triple Frontera con la investigación sobre el contrabando de sustancias, ¿cómo impacta esto en la construcción de un imaginario acerca de la frontera?
Sabemos que la Triple Frontera empieza a llamarse así a partir del atentado a las Torres Gemelas y la relación que se establece con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel en Argentina. Hechos gravísimos y mal elucidados que fueron la base de una serie de sospechas relacionadas a las dinámicas regionales en la frontera con Brasil y Paraguay.
Este componente marcó a la provincia y generó una imagen degradada de esta frontera. Hay muchas triples fronteras, pero nuestra Triple Frontera (Puerto Iguazú, Foz do Iguaçu y Ciudad del Este) lleva la bandera del nombre o el nombre propio.
La asociación de los atentados con la organización chiíta libanesa Hezbollah hizo emerger la idea de Crimen Organizado y se terminó asociando el lugar con la delincuencia organizada, el crimen organizado y el narcotráfico, que son términos cargados de imágenes.
Narcotráfico, como categoría, no existe en el Código Penal, es un término mediático. La expresión se usa para condenar social y moralmente determinado tipo de comercio. La secuencia que deriva en condenas que encarcelan a personas en condiciones infraestructurales pésimas ha llevado a movimientos reivindicatorios de mejoras en las condiciones de vida como pasa con los comandos brasileños que, según estudios realizados, también operan en Paraguay.
Hay formas de administrar ciertos recursos ilegales que recurren más o menos a las violencias, pero la violencia no está asociada naturalmente a los mercados ilícitos como se cree. En estos lugares de frontera, el contrabando, que está penalizado para mucha gente es su fuente de ingresos, es su trabajo.
En este contexto de frontera, ¿existe una relación entre ilegalidad y violencia?
Cuando una dice ilegalidad, por una cuestión de cómo se ha construido públicamente el problema, piensa que viene asociada directamente a componentes mafiosos o violentos. No es el caso de la Triple Frontera, o de nuestra frontera, porque aquí, si bien todas las vidas importan, los índices de homicidios son estadísticamente irrelevantes, si los comparamos con los índices de criminalidad en otros centros urbanos nacionales o de los países vecinos.
El universo de la ilegalidad necesita y exige también instancias de la legalidad para poder sostenerse. Y cuando empezamos a ver que este binarismo legal-ilegal no puede más analizarse como un universo inter-excluyente, el desafío es cómo explicar esta complejidad, donde lo legal y lo ilegal son una trama que no se puede separar radicalmente en la práctica.
La primera cuestión que puede derivar de todos estos estudios es que la distinción entre lo legal y lo ilegal no es suficiente para agrupar las prácticas socioculturales en las que se traman las personas que viven en esta región.
La vida en la frontera tiene que ser pensada de otra manera, no con los mismos parámetros que se piensa la defensa del Estado Nacional y la soberanía, porque vamos a seguir enfrentando problemas que no tendrán solución.
El trabajo que hacen las ciencias sociales es un gran recurso, no sólo para el Estado. Pero, para poder pensar la complejidad de estos fenómenos hay que salirse de la mirada desde el Estado. Si nos posicionamos desde la perspectiva del Estado, podemos tomar una posición muy radical, como pretenden algunos candidatos presidenciales actualmente que defienden, sin ir más lejos, el derecho a portar armas para defenderse de los delincuentes, meterlos presos desde chicos, reducir la edad de responsabilidad penal, y medidas de ese tipo.
Lo cierto es que cuando se interviene un circuito, como el del comercio de las drogas, hay que proponer alternativas. Con el mercado de la marihuana, se puede decir que hay un montón de gente que se enriquece y hay un montón de gente que subsiste de eso en microescalas.
Podemos hablar de los cigarrillos de contrabando, de los vinos, de tractores, de un montón de mercancías, que van variando de acuerdo a cómo esté la relación de esos recursos en la frontera con los otros países.
Esa complejidad nos obliga a tener en cuenta otros aspectos, porque se puede interrumpir un circuito, pero ¿qué vas a hacer con esas personas con necesidades, hábitos, redes? Entonces, una visión como la de las ciencias sociales puede contribuir eficientemente con estas políticas al advertir que las soluciones mal pensadas serán muy costosas más adelante.
Si no hay un sistema legal que respalde y un sistema sociosanitario que acompañe este tipo de problemas, las víctimas comenzarán a defenderse por mano propia. Ya ha habido casos de linchamientos en la provincia. Cuando el vecino hace justicia por mano propia, lo que hace es suspender el Estado de Derecho que es el que garantiza los procedimientos para un fin justo en un sistema democrático.
Por lo tanto, hay un montón de elementos que se ponen en tensión y en riesgo de la propia democracia y de los derechos ciudadanos cuando se toman medidas de resolución inmediatas o que no comprenden esos procesos de cabo a rabo.
Nuestro aporte como cientistas sociales apunta a esto, a poder ofrecerle al Estado herramientas para que pueda ver, visualizar y situar esos problemas en la complejidad en la que están tramados. De modo que, si hay una iniciativa que el Estado quiere tomar para mejorar una situación, es ideal que se pueda hacer un diagnóstico antropológico o social para poder ver cómo la población está preparada para recibir esa medida o qué están necesitando y qué puede ofrecer el Estado.
La frontera nuestra está en una situación crítica sociosanitaria en todo sentido, no solamente por los problemas deficitarios de los servicios de salud, sino por la multiplicación de diferentes problemas de salud. La delincuencia es el resultado de muchos factores sociohistóricos que la hacen posible y el Estado tiene su parte de responsabilidad en ello.
Pienso que hoy en día la población que deberá elegir su próximo presidente debería reconsiderar la gravedad y el retroceso profundo que significa para un país aniquilar la ciencia, porque la realidad es que se trata de uno de los pilares más importantes para la independencia y crecimiento de un país, como lo demuestra la historia del mundo.
Fuente: Télam
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