La detención del juez Bento no pudo llevarse a cabo porque el magistrado aún ostenta fueros.

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aceptó investigar la denuncia contra el juez federal mendocino Walter Bento, quien está acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales, y deberá decidir si continúa o no en su cargo.



A principios de mayo pasado, Bento (58), titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza, fue imputado como jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis hechos de cohecho pasivo.



Si bien la Justicia pidió la detención del juez Bento, la misma no pudo llevarse a cabo porque el magistrado aún ostenta fueros.



En la causa en la que se investiga a este juez, quien aún no declaró y sigue en funciones, hay un total de 24 imputados, con distintos grados de vinculación, 10 de ellos detenidos aunque 3 ya fueron beneficiados con el arresto domiciliario.



Este expediente está en manos del juez federal Eduardo Puigdéngolas y el fiscal mendocino Dante Vega, quienes ya ordenaron también la inhibición de los bienes, propiedades y vehículos tanto de Bento como de su esposa y también imputada Marta Boiza, y de sus hijos Nahuel, Luciano y Facundo.



Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura hicieron lugar al pedido del consejero informante, el diputado Pablo Tonelli (PRO), para que se cite al cuestionado juez y finalmente decida si desestima la denuncia, impone una sanción disciplinaria o abre el procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento, que podría derivar en una suspensión.



A partir de ahora, con la admisión de la denuncia, Bento será notificado y se le hará saber que puede ejercer su derecho a la defensa por escrito, designar un defensor y ofrecer pruebas en un plazo de 20 días.



Estas fechas probablemente coincidan con el dictado de su procesamiento en la justicia local, mientras que el próximo 6 de julio Bento deberá prestar declaración indagatoria, días antes del inicio de la feria judicial.



La investigación se inició luego de que la Fiscalía Federal 2 de Mendoza remitió para su investigación las constancias de un peritaje al teléfono de un detenido por narcotráfico en el que aparecían mensajes con su abogado que daban cuenta de la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre liberación de personas detenidas a disposición del juez Bento.



A partir de allí, se inició la pesquisa sobre los abonados que surgían del peritaje donde se supo que en numerosos mensajes de texto y de voz se alude al «juez», al «número 1» o al «gran jefe», en referencia al magistrado ahora imputado.