El abogado del confeso pero inimputable adolescente autor del crimen de Joaquín Sperani, el chico de 14 años asesinado por un compañero de colegio y de la misma edad, el 29 de junio último en la localidad cordobesa de Laboulaye, solicitó ante la justicia que el menor de edad sea restituido a sus padres, mientras que los directivos de la escuela a la que concurrían ambos, fueron apartados de sus cargos por disposición del Ministerio de Educación provincial, informaron este jueves fuentes judiciales y ministeriales.
El autor del homicidio de Sperani, que por tener solo 14 años es inimputable, permanece alojado en el Centro de Admisión y Diagnostico (CAD), que depende del Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba, pero su representante legal, el abogado Raúl Palacios, manifestó este jueves a Télam que solicitó el «cese de la privación de su libertad y que sea restituido a sus progenitores».
El letrado especificó que se fundamentó el planteó a partir de un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), emitido el 25 de septiembre último, que insta a los jueces penales juveniles a que «busquen otras alternativas distintas a la internación» en el Complejo Esperanza para el tratamiento de los casos de los menores que cometen delitos y que por su edad no son punibles.
Según explicó el abogado, en ese dictamen, el TSJ dice que los menores de edad «no pueden estar privados de su libertad», por lo que ahora esperan que el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de Laboulaye, Sebastián Ignacio Moro, se expida sobre el pedido de «restitución a sus padres».
«El chico está mal, quiere volver con sus padres», remarcó Palacios y detalló que la familia no vive más en Laboulaye.
Por último, el abogado agregó que le solicitó al magistrado que se acelere el proceso para obtener los resultados sobre las pericias psicológicas que le practicaron al adolescente.
En tanto, una fuente del Ministerio de Educación informó a Télam que «se apartó al equipo directivo», es decir, al directora y vicedirector, de la escuela Ipem Nº 278 Malvinas Argentinas, a la que asistían víctima y victimario.
Según la fuente, se tomó esa decisión para «profundizar la investigación administrativa que lleva adelante el ministerio, y para garantizar el clima institucional».
A su vez, se informó que se puso en funciones a un «director organizador».
La investigación administrativa se había iniciado a partir de declaraciones públicas de Mariela Flores, mamá de Joaquín, quien había reprochado a las autoridades de la escuela porque «no avisaron» que su hijo no había concurrido el día del crimen, pese a que ella se había comunicado para avisar que el chico que iba a llegar con demoras porque había salido unos minutos tarde de la casa.
Los detalles del caso
Joaquín (14) desapareció el 29 de junio cuando llegó a la escuela Ipem 278 «Malvinas Argentinas», de Laboulaye, dejó la bicicleta en el patio del colegio y se retiró sin ingresar a clases.
Las cámaras se seguridad de la zona analizadas muestran el momento en el que el chico camina por la vereda de la escuela acompañado por su amigo y compañero de colegio que luego confesó la autoría del crimen, según la investigación que lleva adelante el juez Moro.
Los padres de Joaquín se alarmaron al no tener noticias suyas después de clases, y una vez que desde el establecimiento educativo le confirmaron que ese día no había concurrido, inmediatamente radicaron la denuncia y comenzaron con la búsqueda.
El domingo 2 julio, el cuerpo del adolescente fue hallado por vecinos en una vivienda abandonada ubicada a 100 metros del colegio, tras lo cual fue detenido el amigo y compañero de colegio de Joaquín.
En tanto, la autopsia preliminar determinó que el chico tenía múltiples golpes en la cabeza que le ocasionaron politraumatismo de cráneo y daño encefálico que derivó en su muerte, en tanto hasta el momento se desconoce el móvil y, según lo que se conoce de la causa, habría actuado solo y premeditado el hecho.
Fuente: Télam
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