Las situaciones extremas requieren medidas valientes. Nuestro Mar Argentino fue loteado en beneficio de las empresas petroleras. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación aprobó, a través de la resolución 436/2021, la exploración sísmica frente a las costas de la provincia de Buenos Aires.
Este tipo de proyectos no benefician a nadie más que a las corporaciones involucradas y sólo traen destrucción a lo que nos brinda vida, alimento, trabajo y biodiversidad.
Así que, por primera vez, junto a personas de todo el país, grupos científicos y organizaciones ambientalistas, presentamos una demanda colectiva ambiental al Estado Nacional, Ministerio de Ambiente y a la Secretaría de Energía en la Justicia de la Nación para evitar que nuestro Mar Argentino caiga en las garras de la industria petrolera y así se agrave la crisis climática que estamos enfrentando.
Vamos a escribir en conjunto una nueva historia para esta y las futuras generaciones.
Y en un litigio climático, pueden demandar niños y niñas, jóvenes, miembros de pueblos originarios, personas de tercera edad, inversores de empresas de energía, cualquier persona que sienta que sus derechos humanos se ven vulnerados por cuestiones climáticas, o estén siendo afectados por eventos climáticos extremos (como escasez hídrica, sequía, inundación, ola de calor, etc).
Esta demanda va a sentar un precedente en la justicia argentina y si sumamos nuestras voces, tendrán que escucharnos.
¿Quiénes presentaron esta demanda?
Las organizaciones Surfrider Argentina, Fundación Patagonia Natural, Kula Earth, Asociación de Surf Argentina, Organización Mar, Asociación de Surf Necochea Quequén, la Asociación de General Alvarado de Surf (Miramar), Ecos de Mar, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace.
¿Cómo es la demanda?
Las organizaciones demandamos que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 436/2021, que aprueba la realización del proyecto de exploración sísmica en los bloques CAN 100, 108 y 114, por su afectación al mar, la biodiversidad y el clima y para eso presentamos una acción de amparo y medida cautelar contra el Estado Argentino, la Secretaría de Energía de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación.
También que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de la Resolución 276 de la Secretaría de Energía, del 16 de mayo de 2019, por la cual se aprobó el procedimiento para el Concurso Público Internacional, para la adjudicación de permisos de exploración en los términos de la ley 17.319 que fueran otorgados a YPF, ExxonMobil, Offshore Investments Bv, Qatar Petroleum, Tullow Oil, Pluspetrol, Wintershall, Equinor, Total, Eni Argentina Exploración y Explotación SA, Mitsui y Co., Tecpetrol, Shell y BP Exploration Operating Company Limited.
La demanda quedó radicada en el Juzgado Federal Nro 2 (exp 105/22), de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Bosé Martin.
¿Por qué la demanda es al Estado Argentino?
Porque es el Estado quien tiene la obligación de garantizar un clima estable para la ciudadanía y el cuidado de la biodiversidad. Es el Estado quien “habilita” el avance de esta actividad.
Esta acción judicial busca sentar un precedente en el sistema judicial argentino donde el Estado debe hacerse responsable de las posibles consecuencias ambientales al aprobar industrias extractivistas como la actividad offshore.
Porque nuestra Constitución Nacional en su artículo 41 declara nuestro derecho como ciudadanía a un ambiente sano, y que las actividades productivas no deben comprometer este derecho para las generaciones futuras. Estos proyectos van en contra de estos derechos y es responsabilidad del Estado Argentino resguardarlo.
Y porque es el Estado el que incumple acuerdos internacionales vinculantes (Acuerdo de París, entre otros)
¿Por qué una demanda colectiva?
Una acción colectiva es a veces el único medio que permite a las personas remediar las injusticias cometidas por empresas o instituciones. Creemos que un movimiento va a contribuir a detener las licencias que se otorgaron de explotación en el Mar Argentino.
Las demandas colectivas están diseñadas para promover objetivos importantes de política pública. Además, cuando el demandado ya tiene una pauta de conducta indebida, una acción colectiva puede ser más eficaz para un grupo de demandantes sin incurrir en los costos de demandas separadas y arriesgarse a que distintos tribunales adopten decisiones incoherentes.
¿Qué resultado se espera con esta demanda?
Que se reconozca el derecho a un clima estable como un derecho humano, detener el avance de la frontera de hidrocarburos por sobre ecosistemas vulnerables y relevantes, que las políticas públicas estén orientadas a la inversión en energías renovables y que se priorice la biodiversidad por sobre la exploración offshore.
¿Sirven las demandas ambientales?
Tenemos la convicción de que mediante una acción legal, puede reconocerse el derecho a un clima estable y detenerse la apertura de nuevas fronteras de petróleo. Hay antecedentes en diversas partes del mundo en los que la justicia falló a favor de las generaciones futuras, protegiéndolas de la deforestación como fue el caso de Colombia. Por otra parte, en Holanda se demandó para exigir que las emisiones bajen y, mediante un fallo, se le limitaron a Shell las emisiones en su negocio actual y por nuevos desarrollos. A su vez, en Noruega, la Suprema Corte consideró las emisiones exportadas en un fallo.
Desde Greenpeace también se apoyaron demandas:
En 2020 Greenpeace Alemania apoyó a un grupo de jóvenes alemanes que presentaron un recurso legal contra la Ley Federal de Protección del Clima de Alemania por ser insuficiente para frenar el cambio climático y no estar alineada con la Constitución alemana. En una decisión sin precedentes, el Tribunal Constitucional Federal alemán consideró ilegal que el gobierno alemán no presentara una trayectoria clara de reducción de las emisiones de carbono a partir de 2030 para llegar a ser carbono cero.
En mayo de 2019 Greenpeace Francia, Notre Affaire à Tous, Fondation pour la Nature et l’Homme y Oxfam Francia presentaron un recurso contra el Estado francés ante el Tribunal Administrativo de París por no actuar frente al cambio climático. En febrero de 2021, en una decisión histórica, el Tribunal consideró que Francia había incumplido sus propios objetivos climáticos, lo que había provocado un daño ecológico.
En Brasil el 11 de noviembre de 2020, una coalición de ONGs y fundaciones interpusieron una demanda contra el gobierno federal brasileño por violar los derechos constitucionales fundamentales al no aplicar la Política Nacional de Deforestación y permitir una importante deforestación de la selva amazónica, contribuyendo así al cambio climático. Fue la segunda demanda climática contra la deforestación del Amazonas (la primera fue interpuesta por De Justicia, en Colombia) que cuestiona la degradación climática alentada por el gobierno brasileño.
Las acciones colectivas son necesarias para permitir a las personas enfrentarse a empresas multinacionales o grandes instituciones, cuando los gastos de los litigios son prohibitivos de otro modo.
Vos desde tu lugar también podés “demandar” en la causa por tu derecho a un clima estable. ¡Firmá y sé parte de la generación que logre sacar a las petroleras del mar!
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