Sillas anfibias, senderos y señalética adaptadas, alarmas lumínicas, mapas hápticos y personal especializado, entre otras herramientas, ganan terreno en los principales destinos del país como parte del desarrollo del llamado «turismo accesible», un derecho que ampara a las personas con discapacidades permanentes y transitorias para que, como señaló una fuente consultada por Télam, «viajen donde quieran y no donde pueden».
Los balnearios de Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y Partido de la Costa, entre otros de la costa bonaerense; varios de los Parques Nacionales y otro tipo de áreas protegidas, entre los que se destacan Iguazú y Los Glaciares; Ushuaia, Puerto Madryn y Buenos Aires, tres de las ciudades que concitan atracción internacional; incluso con su menor escala Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba), Potrero de los Funes (San Luis) y las termas entrerrianas fueron en los últimos años, y en particular este, de incorporar a ampliar la infraestructura y los servicios orientados a quienes tienen discapacidades sensoriales, motrices e intelectuales.
De acuerdo al Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, elaborado por el Indec en 2018 -último año disponible-, el 10,2% de la población de Argentina tiene alguna «dificultad», término usado en ese sondeo por recomendación de organismos multilaterales expertos en medir la discapacidad.
«El 59,0% de la población con dificultad tiene sólo una dificultad y el 30,5% tiene dos dificultades o más«, concluyó ese estudio. Entre la primera, agrega, «se observa que la más prevalente es la dificultad motora, seguida por la dificultad visual, la auditiva y la mental-cognitiva. Las dificultades del habla y la comunicación, y del cuidado de sí mismo son las menos prevalentes».
Para la Organización Mundial de la Salud, en tanto, el 15% de la población mundial se encuentra en situación de discapacidad.
Eliminar barreras
El reto del Estado en sus diversas jurisdicciones y de los privados es avanzar en la reversión de la barrera histórica que impidió a esas personas y sus allegados disfrutar del mar, de una puesta de sol o refugiarse al abrigo de una montaña de manera plena y en igualdad de condiciones que el resto de los viajantes y turistas.
No se trata sólo de derechos consagrados por la Constitución Nacional, tratados internacionales con igual rango y leyes específicas; se trata de políticas que, al menos en las últimas dos décadas, alcanzaron el rango de Estado, al permanecer activas y ser actualizadas pese a los cambios de gestión habidos en algunos distritos.
Y también se trata de un negocio que, con la directriz e impulso públicos, gana rentabilidad y sustentabilidad, al punto de sumar propuestas en hotelería, campings, parques naturales y temáticos, por citar algunos ejemplos, en una suerte de «contagio entre privados» como acontece por ejemplo en Santa Rosa de Calamuchita, señala el director de la Red de Turismo Accesible, Alejandro López.
López, quien además es docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Avellaneda y encabeza la Mesa de Turismo Accesible en la Cámara Argentina de Turismo, destaca las mejoras que en materia de accesibilidad tuvieron las iniciativas de puesta en valor de Unidad Turística Chapadmalal (Buenos Aires) y la de Embalse (Córdoba), que ideó y coordinó a lo largo de este año la exSubsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional.
Esa repartición, perteneciente al organigrama vigente hasta el 10 de diciembre en el entonces Ministerio de Turismo y Deportes, «también avanzó en la implementación del Programa Nacional de Directrices de Accesibilidad Turística e invitó a todas las provincias a hacerlo», indica López, cuya especialidad en turismo accesible deviene de una circunstancia familiar: Pablo, su hermano fallecido hace exactos dos años, padecía una cuadriplejia que no logró impedir, como tampoco lo hizo la falta de conciencia pública y de infraestructura adecuada, que conociera ríos y montañas, mares y megaciudades. («Todo lo que soy es gracias a él», dice el también consultor).
Gesell, propuestas estivales para todos
Uno de los lugares que López destaca por la ejecución de iniciativas accesibles es Villa Gesell, cuya directora de Turismo, Natalia Megías, señala a Télam que el propósito que guía a ese partido atlántico es «garantizar que el acceso y el disfrute» de las propuestas estivales «sea para todos, sin distinción alguna».
«Cuando llevamos adelante una política turística y una prestación en particular lo hacemos desde una perspectiva integral que abarque a todos», indica Megías, y lo ejemplifica con el desarrollo, en algunos casos con apoyo del Gobierno bonaerense, de playas accesibles, las cuales contarán este verano con una veintena de sillas anfibias -un 40 por ciento más que el anterior-, la optimización de rampas en el Centro Comercial Villa Gesell, la nivelación en veredas y calles, y la disposición de puntos accesibles a lo largo de los 60 kilómetros de frente marítimo.
«La idea es seguir ampliando la oferta accesible en todo el frente costero», consigna la funcionaria, quien precisa que los elementos municipales para uso de las personas con discapacidades, como las sillas anfibias y «espacios de sombra», son de acceso público y gratuito.
A la par de eso, pondera el «trabajo mancomunado» del Estado y los empresarios geselinos para «avanzar en un turismo para todos», lo que incluye por parte de concesionarios de balnearios y restaurantes la prestación de asistencia a personas electrodependientes.
Con todo, dos de los desafíos que López marca como centrales son la todavía deficiente infraestructura para la «accesibilidad física» –rampas, agarraderas, ascensores, estacionamientos, apoyos isquiáticos, pisos táctiles, por ejemplo- en el país y el encarecimiento que algunos servicios conllevan por la utilización de guías especializados o la necesidad de apelar a hotelería adecuada para quienes tienen capacidad económica de abonarla.
La eliminación de las «barreras discapacitantes» que impulsa la legislación turística en Argentina
La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que en Argentina alcanzó jerarquía constitucional, protege a quienes «tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo» frente a las «diversas barreras (que) les impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás».
De modo expreso, tal resolución de Naciones Unidas asegura que «las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas» y «a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional».
Ya en 2004, cuatro años antes de lo resuelto por la ONU, la Ley Nacional N° 25.643 define al «turismo accesible» como «el complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recreación, que posibilitan la plena integración – desde la óptica funcional y psicológica – de las personas con movilidad y/o comunicación reducidas» y se propone «la satisfacción individual y social del visitante».
Y obliga a las agencias de viaje a los turistas con discapacidades y sus acompañantes sobre «los inconvenientes e impedimentos que pudiere encontrar en la planificación de un viaje que obstaculizaran su integración física, funcional o social».
Si bien no fue reglamentada, esa norma sirvió de guía de la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, sancionada en 2005, determinó a la «accesibilidad» como uno de los «principios rectores» de la actividad turística.
El artículo 2° de esa norma promueve «la eliminación de las barreras que impidan el uso y disfrute de la actividad turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la equiparación de oportunidades».
Las Directrices de Accesibilidad, emanadas de ambas leyes y establecidas por el Estado nacional, se adentra en las condiciones arquitectónicas apropiadas; tipos de comunicación, señalización e iluminación; factores de seguridad; y capacitación del personal vinculado a la actividad turística.
Están orientadas a la hotelería y a prestadores de servicios, tanto públicos como privados. Entre ellos: parques temáticos, termas, balnearios, predios deportivos o recreativos, centros invernales y de esquí, áreas gastronómicas y restaurantes, teatros, auditorios, cines, museos, áreas naturales protegidas, centros de interpretación y de información turística.
No obstante, la accesibilidad no está reservada solo a quienes tienen discapacidades o dificultades permanentes, sino también temporarias.
Se trata de un universo de turistas y viajeros que incluye a personas mayores y gestantes y familias con niños pequeños, entre otros grupos.
Precisamente, Alejandro López, especialista en turismo accesible, señala a Télam que el crecimiento del envejecimiento poblacional, tanto en Argentina como en otros países de Occidente, plantea un nuevo desafío a los Estados y empresarios del rubro para garantizar el acceso y consumo de esa franja etaria a destinos y servicios.
Fuente: Télam
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