Las principales asociaciones de bancos privados (ABA y Adeba) y la Cámara Argentina Fintech (CAF) se trenzaron en un conflicto público luego de que las primeras pidieran limitar las transferencias de dinero entre cuentas bancarias y billeteras digitales ante la supuesta evidencia de comisión de fraudes, algo que las fintech rechazaron por «falso» y denunciaron como «una práctica anticompetitiva» de las entidades financieras.
Este jueves se conoció una carta dirigida al Banco Central (BCRA) y firmada por dos directivos de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) -que nuclean a los bancos privados de capital extranjero y nacional, respectivamente- en la que le pedían a la autoridad monetaria que pusiera topes a la transferencia de dinero entre cuentas con CBU (bancarias) y cuentas con CVU (digitales).
El argumento de las asociaciones fue que «la interoperabilidad de alguna manera facilitó la concreción de ilícitos vinculados a estas empresas que brindan diferentes servicios financieros» y que, «para proteger a sus clientes», algunas entidades habían decidido aplicar «limitaciones en los importes a transferir».
«Los beneficios derivados de la adopción de esta restricción se han visto reflejados en una notable disminución de los fraudes provenientes de operatorias con proveedores de servicios de pago», sostuvieron las entidades en una carta firmada por Paz Adrogué (ABA) y Alejandro Pérez (Adeba).
Para entender la dimensión de aquellas empresas de base tecnológica dedicadas a operatorias financieras o fintechs, en el sistema nacional de pagos actualmente hay cerca de 14 millones de CVU en la Argentina y más de un tercio de las transferencias realizadas en junio último provinieron o circularon hacia este tipo de cuentas, según el informe de pagos del BCRA.
En total, son 68 las empresas Proveedoras de Servicio de Pagos (PSP) que operan en el país, que incluyen a algunas de las principales empresas fintech como Mercado Pago, Ualá y Naranja X, entre otras, a través de las cuales se realizan estas operaciones.
Los bancos también reclamaron a la autoridad monetaria que existe «una alta proporción de ilícitos que registran intervención directa o indirecta de cuentas alojadas en empresas proveedoras de servicios de pago, facilitado por la no existencia de regulaciones sobre las mismas».
«Entendemos que resultaría conveniente que estas empresas sean reguladas, debiendo cumplir al menos medidas mínimas de seguridad», reclamaron Adeba y ABA, en una misiva que ambas asociaciones confirmaron a Télam haber enviado.
Por su parte, fuentes del Banco Central confirmaron a Télam haber recibido el documento con las propuestas y, si bien «se aguarda la evaluación técnica», en principio, «no se las considera viable».
«El equipo de medios de pago está analizando la carta de los bancos», aseguraron desde el BCRA.
Fuentes de Adeba aseguraron a Télam que el objetivo de la misiva «no fue ir contra ninguna fintech en particular» sino que se buscó advertir a la autoridad monetaria de las vías a través de las que se comenten fraudes y estafas.
Sin embargo, la CAF respondió con un comunicado en el que afirmó que «es falso el argumento sostenido por las asociaciones bancarias que asevera que la interoperabilidad entre cuentas facilita el ciberdelito».
Por el contrario, señaló que «existen acuerdos de colaboración entre Proveedores de Servicio de Pagos (PSP) y bancos en pos de proteger a los usuarios que redujeron significativamente las tasas de fraude, con casos concretos en que el ciberdelito se disminuyó en un 90%».
Al mismo tiempo, denunció la admisión de las cámaras de que «algunos bancos están incumpliendo la normativa vigente y limitando las transferencias de sus usuarios hacia cuentas virtuales» que, tal como señala la Comunicación «A» 7175, exige que no haya necesidad de solicitudes especiales para transferencias hasta el monto equivalente a 15.000 UVAs ($1,2 millones) y 12.500 dólares.
«Se trata de una práctica anticompetitiva, no cumple el marco regulatorio actual y atenta contra la interoperabilidad del sistema y la inclusión financiera», aseguró la CAF.
Sobre este punto, fuentes del Banco Central aseguraron que «los bancos no pueden poner topes a las transferencias» y que, «si fuera así, están cometiendo una infracción».
«La Superintendencia será la encargada de hacer las comprobaciones. Hasta ahora no habíamos recibido ninguna advertencia de ningún actor del sistema», apuntaron desde la entidad que preside Miguel Pesce.
Por último, la CAF señaló que el pedido de los bancos «va en contra del proyecto de Transferencias 3.0 en el cual todos los actores del sistema deberán interoperar desde el 29 de noviembre en los pagos y cobros con código QR» y que las PSP «están regulados desde febrero 2020 ante BCRA y cumplen normativa impositiva de fisco nacional y provinciales, y normativa antilavado de UIF».
«No será posible lograr la interoperabilidad para el sistema de pagos Transferencias 3.0 si al mismo tiempo se limitan arbitrariamente las transferencias entre cuentas», advirtió la CAF.
Fuente: Télam
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